Doce fugas de comisarias y alcaidas, en lo que va del año revivieron un discusión de larga data sobre las condiciones del sistema de encierro en la Ciudad de Buenos Aires. Conflictos jurisdiccionales entre CABA y Nación. Espacios que se habilitan como ámbitos de detención improvisadas, sobrepoblación. Y de fondo, una pelea política que se arrastra desde hace años, con la paulatina autonomía del núcleo urbano más importante del país

"Se sabe y se dijo cantidad de veces. Los calabozos que dependen de la Policía de la Ciudad son lugares de tránsito y no de detención prolongada", explica Macarena Fernández Hoffman, coordinadora del Equipo de Política Criminal y Violencia en Encierro del CELS.

El sistema de encierro en CABA supone tres aspectos: personas detenidas en comisarias por la policía de la Ciudad, las detenidas en alcaidías y aquellas detenidas por el Servicio Penitenciario Federal por un delito común cometido o sospechado de ser cometido la Ciudad.

"Este solapamiento de jurisdicciones entre lo federal y CABA hace que sea muy compleja la situación de este sistema de encierro", afirma Fernández Hoffman y agrega que a este complejidad hay que sumarla que a la vez "tres justicias generan personas en situación de encierro: la porteña, la Nacional y la Federal".

Casi el 48 por ciento de los detenidos en la Ciudad de Buenos Aires enfrentan un proceso por delitos cometidos un delito común. No están en esa condiciones por enfrentar causas federales o por haber violado alguna de las normas que ya están baja la jurisdicción de la justicia porteña.

En ese marco, el 93 por ciento de las personas alojadas en comisarias o alcaldías dependen de la justicia nacional. Con este panorama "es muy compleja la gestión de un sistema que no fue pensado como de encierro en CABA y que funciona así por cómo se fue dando la construcción de la autonomía de la Ciudad", sostiene la especialista del CELS.

Desde la oficina del secretario de Seguridad de la Ciudad, Diego Kravetz se indicó a El Editor que la Ciudad cuenta con 70 comisarías, 34 alcaidías (de las que 13 son anexos).

Actualmente, la población carcelaria supera las dos mil personas. Las alcaidías tienen una "capacidad ideal" de 789 personas, y las comisarías, de 243 personas.

"Durante la pandemia, se fueron cerrando los cupos en el sistema federal que, más el crecimiento de las tasas de encarcelamiento, lleva a más personas alojadas en comisarías y alcaidías que no están pensadas para personas en situación de encierro", señala Fernández Hoffman.

¿Por qué CABA no tiene un sistema de encierro propio?

"La Ciudad argumenta que su justicia no genera demasiados detenidos y por lo general son delitos excarcelables. La cuestión es por qué la Ciudad no piensa un sistema de encierro propio y se opta por pedir (un poco como la basura) que se gestione en otras jurisdicciones", detallan desde el CELS.

El colapso creciente provoca, según explica Fernández Hoffman que "tengas personas alojadas en comisarías, en condiciones indignas: hablamos de lugares sin luz, sin agua, completamente hacinados y donde tampoco están dadas las condiciones para que las personas estén alojadas ahí".

Hasta hoy, y aún con los cambios de gestión, la Ciudad exige al gobierno nacional que abra mas cupos en el sistema federal. Nación responde que no tiene más lugar. Las consecuencias están a la vista. En ese contexto, desde el CELS detallan que "En promedio, entre 2023 y 2024, tenés más de una fuga por mes lo que también pone en riesgo la seguridad de los vecinos porque en medio de los barrios, hay pequeñas cárceles".

Para Fernández Hoffman, "frente a la desidia, al desgobierno de la situación del encierro penal en la Ciudad, las consecuencias son riesgos en la seguridad de todos, detenidos viviendo en condiciones infrahumanas, una policía sobredemandada y un Servicio Federal que no da más".

La discusión por la autonomía porteña

La discusión sobre las facultades y recursos que contempla la autonomía porteña que nunca termina de concretarse de manera plena es tan vieja como la reforma constitucional. Así las cosas, 30 años después la disputa sigue casi tal cual como empezó, más allá de los avances que están a la vista y que son pocos.

En ese marco, Fernández Hoffmán recuerda que "la autonomía de la Ciudad también implica tener un sistema de encierro penal".

Por su parte, Claudia Neira, legisladora de la Ciudad por Unión por la Patria, sostiene: "En la Ciudad no podemos hablar de un sistema carcelario sujeto a derecho cuando, según datos de la Procuración Penitenciaria Nacional, tenemos en nuestras comisarías más de 200 personas en espera de alojamiento, esto quiere decir que permanecen esposadas las 24 horas del día en oficinas, quinchos o depósitos, espacios que no garantizan las mínimas condiciones de detención".

Para Neira, es imposible avanzar "en los desafíos en materia de seguridad y de política penitenciaria sin la construcción de un diálogo institucional entre los diversos órganos que hacen a la elaboración de políticas públicas de la Ciudad".

La complejidad es mayor aún porque el ritmo de detenciones tuvo un gran aumento. Según declaraciones del Ministro de Seguridad porteño Waldo Wolf, desde el comienzo de su gestión fueron detenidas más de 6 mil personas, lo que resulta un promedio mucho mayor al de 2022.

"Estos datos por sí mismos ya generan la pauta de que hay que pensar con urgencia una solución integral y de largo plazo a la problemática de la sobrepoblación carcelaria que hoy tiene la Ciudad", explica la legisladora.

"Por el contrario -interpela- ¿qué hace el Gobierno porteño? En lugar de impulsar una ley para que la Ciudad tenga su propio sistema carcelario y penitenciario, viene a proponer a la Legislatura una ley de reiterancia que lo único que hará es aumentar las detenciones en una Ciudad que ya en este momento no tiene capacidad para alojar a sus detenidos, y tampoco está pensando en cómo resolver institucionalmente este problema".

Para ella, la Ciudad necesita "que el Gobierno de Jorge Macri instaure un diálogo en serio con el Gobierno nacional para que se puedan abrir los cupos de traslado al Servicio Penitenciario Federal y descomprimir el hacinamiento de las comisarías".

Pero al mismo tiempo "la Ciudad debe pensar qué va a hacer con sus presos en el mediano y largo plazo. Eso implica pensar un sistema penitenciario propio, trabajar con los juzgados de ejecución penal, y volver a activar la cárcel de Marcos Paz, que el Gobierno de la Ciudad dejó de financiar, y que nos permitiría no sólo trasladar la cárcel de Devoto sino contar con 700 cupos más", asevera.