La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) rescató 22 perros hacinados en jaulas, en muy mal estado de salud y pésimas condiciones de higiene. El criadero ilegal estaba ubicado en Parque Chas, hay tres imputados y un detenido.

Gracias a la denuncia de vecinos, el fiscal Carlos Rolero Santurián encargó la investigación al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), perteneciente al Ministerio Público de la Ciudad. La misma realizó tareas de campo y digitales a través de internet. Así fue cómo se comprobó la existencia de un criadero ilegal que comercializaba cachorros. También se constató que el valor publicado de venta rondaba los 2 millones y medio de pesos.

Luego, la Dra. Julia Correa, titular del Juzgado N 28, dispuso el allanamiento del domicilio que se ubicaba en Andonaegui al 1600, en Parque Chas. El procedimiento estuvo coordinado entre el CIJ, la División Delitos Ambientales, la División de Canes de la Policía de la Ciudad, veterinarios de APRA y organismos de AGC.

Los uniformados se encontraron con un lugar en pésimas condiciones higiénicas pero, además, verificaron el lamentable estado en el que se hallaban las mascotas. Los perros -adultos y cachorros de las razas Bulldog Francés y Pug- estaban hacinados en jaulas mínimas y "algunos de ellos con graves problemas de salud y enfermedades como cáncer, colecta uterina y neoplasia en piel, entre otras", diagnosticaron los médicos veterinarios que participaron del procedimiento.

A su vez, se encontraron documentos relacionados a la comercialización de los perros y libretas sanitarias falsas. Estas estaban firmadas por uno de los imputados, quien no contaba con título habilitante como veterinario. Es por eso que la UFEMA imputó a los responsables por actos de maltrato y crueldad animal. Una de estas personas permanece detenida por su "mayor participación en los hechos", informaron desde el Ministerio Público.

En tanto que los canes fueron entregados a una ONG para su tratamiento, recuperación y posterior adopción responsable, la Agencia de Protección Ambiental clausuró el criadero, ya que es ilegal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Más casos

En junio de este año, la Policía de la Ciudad y la CIJ rescataron a más de 50 perros de un criadero ilegal en el barrio de Caballito, ubicado sobre la calle Campichuelo al 500. En esa oportunidad, el allanamiento también se había dado por las denuncias de los vecinos, que se quejaron de los constantes ladridos y el mal olor. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron que los canes -con evidentes signos de maltrato- estaban en diferentes ambientes del hogar, sin contacto con la luz del sol ni el aire libre. Del total de animales en cautiverio, 47 eran hembras a las que se explotaba haciéndolas tener cría a repetición para posteriormente venderlas.

Por el caso, la propietaria de la vivienda clausurada -una mujer de 72 años- quedó imputada por infracción a la Ley 14.346 (Maltrato Animal). Esa vez, los animales fueron trasladados a los refugios Callejeros Casa Quiere y Pichichos al Rescate, donde los alimentaron y cuidaron para su adopción.

Un mes después ocurrieron otros dos casos más. En el primero se rescataron cerca de 133 perros chihuahuas de un criadero clandestino, ubicado en un PH de Villa Crespo. La investigación nació- nuevamente- gracias a la denuncia de vecinos y a información que surgió en la red social Facebook, donde los precios de venta de esta clase de animales oscilan entre los 80 y los 360 mil pesos.

Días antes de ese episodio también se habría detectado otro criadero ilegal, esta vez en la localidad de Temperley. Del viejo galpón en el que éste funcionaba se rescataron más de cien perros de la raza Dachshund (salchicha), que estaban en condiciones nutricionales y físicas más que lamentables. La investigación, que tuvo dos meses de preparación, surgió por diferentes denuncias y publicaciones en redes sociales, y dieron paso a más de una decena de denuncias penales.

Ley y debate

En 1954 se sancionó la Ley 14.346, que establece penas de prisión de quince días a un año a quienes realicen actos de maltrato o de crueldad hacia un animal. En 2019 hubo un intento de reformar la reglamentación en la Cámara de Diputados, pero la iniciativa finalmente perdió estado parlamentario.

Una de las personas que alzaron su voz fue Fernando Pieroni, activista por los derechos animales. "Los criaderos clandestinos se multiplican por la demanda de gente que ve a las celebrities e influencers con perros de esas razas por las redes o publicidades. Las modas dirigen la oferta y eso fomenta la explotación animal", sentenció el también denunciante por la causa de Temperley.

Muchos de esos criaderos utilizan plataformas digitales y redes sociales para vender crías de raza -como ovejeros alemanes, bulldog francés e inglés, salchichas- y a precios que superan los 3 millones de pesos. En este sentido, el abogado especialista en derecho animal Alfredo Castillo resaltó que la Ley de Maltrato Animal está "desactualizada" y pidió cambios en el Código Penal, Civil y Comercial para evitar la comercialización de perros y gatos en medios como plataformas de comercio electrónico.

"Hay vacíos legales a nivel nacional que permiten que cualquier persona pueda criar y explotar animales en su casa, para después venderlos en plataformas como Mercado Libre. Esta Web permite y facilita la venta de mascotas y la responsabilidad penal se la extiende directamente al vendedor", decretó el abogado.

En este sentido, el activista Federico Sordo -y fundador de la comunidad digital Cascote, un perro macanudo, impulsó una petición en la plataforma Change.org dirigida al CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, con el objetivo de demostrar que cada vez son más las personas que piden por la prohibición de la venta de animales en dicho sitio, "que son cómplices de la explotación". La iniciativa cuenta ya con más de 200 mil firmas.

Por su parte, la activista y actriz Liz Solari también utilizó esa misma plataforma para enviar un pedido a los legisladores nacionales, a fin de que se apruebe un proyecto que reconozca a los animales como "seres sintientes" y sujetos de derecho. La idea pretende modificar el Código Civil y cuenta ya con más de 40 mil firmas.