En su avanzada contra la "casta", el Gobierno de Javier Milei puso el foco en lo que definió como uno de sus instrumentos: los "fondos fiduciarios". Un concepto vidrioso y poco claro, su explicación fue reducida a "cajas negras de la política" que, como tales, debían ser cercenadas. El primer golpe, no obstante, fue hacia las organizaciones sociales. De la pantalla a la calle, el impacto de la medida en los barrios populares.

A través del decreto 193/2024, el Poder Ejecutivo dispuso un recorte casi total del denominado Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Creado por Mauricio Macri en 2019, durante la gestión de Alberto Fernández se le destinó el 9 % de lo recaudado por el Impuesto PAIS, alícuota que se cobra a todas las operaciones de venta de dólares oficiales. Con la firma del Presidente, el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro de Economía Luis Caputo, las partidas para el Fondo se redujeron a un 0.3 %.

En resumen, el "fondo fiduciario" es un instrumento a través del cual el Estado nacional otorga partidas presupuestarias a una entidad para que los administre en su favor, con flexibilidad, pero sin posibilidad de que se usen para fines diferentes.

El Gobierno de Javier Milei ya los había puesto en la mira con la Ley Ómnibus. El famoso inciso "h" del artículo 4, que trabó el debate en el recinto y devolvió el proyecto a Comisión, le otorgaba al Ejecutivo la facultad de "transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios".

En total existen 29, cuya discrecionalidad es cuestionada, y entre otras temáticas se destinan a subsidiar energía, transporte público u obra pública hídrica y vial. "Eso hay que terminarlo. Muchos agentes de la política viven de eso", cuestionaba el primer mandatario.

"Buscamos la transparencia, no que se elimine la función que cumplía cada fondo", adelantó en conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien ratificó, de esa manera, la necesidad de un control más firme sobre los mismos.

"Hay un desconocimiento enorme de lo que se hace", explica Fernanda Miño, exsecretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social, en diálogo con El Editor.

Catequista y vecina del barrio La Cava, se vio en el blanco de las críticas del oficialismo, pero defiende la integridad de su gestión: "Este fideicomiso tuvo todos los monitoreos y auditorías necesarias. Lo hicimos de esa manera porque sabíamos que iban a buscar el mal manejo para demonizar a los sectores más bajos".

¿Qué hizo el FISU?

La política de integración Socio-Urbana se orienta a mejorar las condiciones de vida en los barrios populares del país, que asciende a 6.467 asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap). En el Monitor de Obras del FISU se puede acceder al detalle de cada acción implementada, por provincia o municipio, tipo de intervención, unidad ejecutora, monto invertido, cantidad de familias beneficiadas y estado del avance por proyecto.

Según datos oficiales, hay 251.395 obras aprobadas de las cuales 207.244 se encuentran finalizadas, lo que representa más del 80 % del total. La cercanía con el dirigente social Juan Grabois, no obstante, lo convirtió en el blanco de una serie de cuestionamientos por corrupción, con desmentidos planteos mediáticos que señalaban que solo el 6% de las obras estaban concluidas.

"Están muy enojados porque no encontraron lo que fueron a buscar y entonces mienten", sostiene Fernanda Miño. Lo expuesto por la militante social y política obedece a los dichos de Sebastián Pareja, un hombre de estrecha confianza de Javier Milei, que preside el Comité Ejecutivo del FISU y que lleva adelante una auditoría sobre lo hecho. Según reconoció el funcionario, los datos preliminares no revelan "hechos de corrupción evidentes".

"Es un área inédita, no solo en la región sino en la propia Argentina. Un fondo que transforma los lugares más tristes y empobrecidos del país, y eso parece desconcertarlos un poco. Más viendo que no han encontrado nada", asegura Miño.

¿Cajas negras?

"No es que es un mal vehículo en sí, pero es uno a través del cual es mucho más fácil robar que otros", explica el economista Miguel Boggiano a El Editor sobre los fondos fiduciarios. En línea con el planteo del Gobierno, se objeta la discrecionalidad u opacidad en su manejo.

"El argumento por el que se los creó es que tenían una ejecución más rápida y sin control del Estado. Por supuesto que eso se fue totalmente a la banquina y terminó en un carnaval de corrupción", agrega.

La información se produce en el marco de la eliminación oficial del Ministerio de Infraestructura, cuyas funciones fueron absorbidas por la cartera de Economía. Con los cambios estructurales en la cartera y en el propio FISU, no hay declaraciones de funcionarios.

"Es sabido que uno de los mecanismos mediante los cuales La Libertad Avanza consiguió la legitimidad y representatividad social es la denuncia de la burocracia ineficiente y corrupta del Estado, así como de los dirigentes sociales", interpreta Alejo Muratti, representante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), consultado por este medio.

"Esto solo pone de manifiesto el hecho de que, por combatir muñecos de paja, en vez de caer con todo el poder del Estado sobre los sectores más corruptos, acomodados y/o privilegiados del país, prefiere ir por los más débiles y desfavorecidos, solo para mantener su lineamiento discursivo", concluye.

"No entiendo por qué quieren defender a 'Grabuá', ¿porque es kirchnerista? Si al final se está robando la plata de la gente", agrega por su parte Boggiano. "Me parece disparatado defender la gestión del FISU porque es cercano al kirchnerismo. Esto es ladrones contra no ladrones. Acá no hay partidos políticos o no debería haberlos", sentencia.

El golpe en los barrios

Con la reducción al 0.3 % de la asignación de recursos al Fondo de Integración Socio Urbana, queda la duda del impacto concreto que tendrá en la vida de las personas que se han beneficiado con los diferentes programas y líneas de intervención que llevó adelante la gestión.

"Potencialmente se verán afectadas millones de personas inscriptas en el Registro Nacional de Barrios Populares, que eran los destinatarios de este financiamiento. Eso sin contabilizar los puestos de trabajo y el efecto multiplicador que estas obras generaban en el conjunto de la economía", anticipa Muratti.

Son más de 5 millones de personas las que habitan estos barrios populares, a los que se destinaron obras de infraestructura, mejoramiento habitacional y servicios básicos para brindarles entornos habitables. La idea de estos planes es la de atacar la estructuralidad de la pobreza y desigualdad argentinas, con planes a largo plazo que excedan las respuestas coyunturales o circunstanciales.

"Vivimos este momento con gran preocupación", se lamenta Fernanda Miño, quien reside en Villa La Cava desde que nació. "Los que vivimos en los barrios sabemos el impacto positivo que tuvo. Poder trabajar y transformar donde vivís, tener cloacas, energía eléctrica, agua, una salita de salud, accesos", reconoce.

El reclamo es por dignidad. "Hay una pobreza estructural multidimensional. No es solo falta de trabajo, es falta de educación, cultura, salud, transporte. Si se saca todo eso, no hay más forma de atacar a los sectores populares", agrega la dirigente, pero advierte: "Es un combo que en cualquier momento va a explotar".

Miño se describe como una mujer de fe y confía en que el fondo se mantendrá, algo que le aseguró el actual Subsecretario de Integración Socio Urbana. Dice que lo deja en sus manos, a sabiendas de que ella y su gente seguirá al trabajo en los barrios. Pero no deja de expresar su descontento y sus lamentos.

"Lo primero que buscan es que le cierren las cuentas a cualquier precio, sin importar que el pueblo quede hambreado. Confunde una planilla de Excel con la vida de miles de argentinos", asegura con indignación, en tanto que cuestiona la "inhumanidad" y "pobreza de corazón" de los dirigentes que desconocen las realidades que se viven. ¿No la ven?

Por lo pronto, habitantes de barrios populares de todo el país quedan a la espera de una mejora estructural en su calidad de vida, en contra de la exclusión y la desintegración social. Con un Estado cada vez más ausente, que en su lucha contra los "gerentes de la pobreza" podría dejar a millones en el camino.