El Gobierno nacional dejó en claro, a través del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, que revisará la creación de cinco universidades nacionales que fueron aprobadas por ley en septiembre pasado con amplio apoyo del Congreso.

Se trata, en concreto de tres casas de estudio que tienen base en la provincia de Buenos Aires, y otras dos repartidas en Córdoba y CABA. Y, como era de esperar, el anuncio no cayó bien. Los jefes comunales bonaerenses expresaron su descontento con la intención nacional y ya avisaron que pelearán en favor de su desarrollo.

Entre las tres casas de altos estudios bonaerenses se encuentran la Del Delta (que incluye a Tigre, San Fernando y Escobar), la de Pilar y la de Ezeiza. Justamente, en las últimas horas, el gobernador Axel Kicillof estuvo presente en este último distrito y no dejó pasar la oportunidad para sentar una posición concreta del ejecutivo provincial.

"Quiero expresar mi repudio ante el ajuste que está haciendo el gobierno nacional en las universidades y la marcha atrás con la posibilidad de convertir en nacional a la Universidad de Ezeiza", manifestó. Y sentenció: "Vamos a seguir luchando aunque los que viven en las redes sociales no comprendan que los pibes y las pibas bonaerenses no necesitan un voucher, necesitan más y mejor universidad pública y gratuita".

La bronca es grande. Y se da en un marco que, como ya contó El Editor, expone el malmomento que atraviesa el sistema universitario en general. Claro, la apuesta de los jefes comunales involucrados es fuerte. Lo que está juego es el progreso de los distritos a través de arraigo, inversión y un movimiento de la economía local que se potencia gracias al propio círculo educativo.

En diálogo con este medio, la diputada nacional, Danya Tavela, sostiene que las universidades nuevas "generan oportunidades de estudio de cercanía y de calidad en zonas que requieren demandas específicas vinculadas a lo productivo de la región. Es una posibilidad concreta para jóvenes y adultos".

Y agrega que "cumplieron con los pasos de la ley, con la aprobación del Congreso, y tienen los proyectos de factibilidad necesarios ya que y son relevantes en su proyección académica en las regiones y por eso debemos sostenerlas".

No se trata de una declaración partidaria. Tavela es legisladora radical, responde a la corriente que lidera a nivel nacional el senador Martín Lousteau, y además es una conocedora del tema por su rol como docente y como vicerrectora de la Universidad de Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (UNNOBA).

Como ya avisó el gobierno nacional la revisión será "para determinar si el procedimiento administrativo exigido por la Ley de Educación Superior para crear nuevas universidades fue debidamente cumplido, si las condiciones allí establecidas fueron realmente satisfechas y si se encuentran debidamente documentadas y si la pertinencia, oportunidad y la previsión del crédito presupuestario correspondiente, en base a un estudio de factibilidad, avaló la iniciativa".

La crítica de los libertarios es directa. "Se terminó 'el curro' de las universidades como caja para hacer política. Se terminó la manía de usar fondos públicos para llenar bolsillos de unos pocos. Entre tantos otros 'curros' que se cierran. Esperamos el informe de la situación y una auditoría transparente y pública", manifestó la diputada nacional, Marcela Pagano (LLA).

Sobre esto, Tavela es concisa: "Presupuestariamente no generan un gran impacto. Lo que generan es desarrollo económico para las personas que asisten y para quienes contratan a esas personas porque logran una mayor productividad. Es algo simple que se comprueba. Donde se abre una universidad, la ciudad crece y se instalan nuevas industrias. Es algo muy relevante y valedero".

Impacto territorial

Los jefes comunales expresaron su fuerte rechazo a la decisión del gobierno nacional y sentaron postura. Desde San Fernando, Juan Andreotti (Frente Renovador), indicó en diálogo con este medio que "las universidades estén cerca de nuestros vecinos hace que aumente el desarrollo local. Creemos en esas ciudades inteligentes, modernas, donde el vecino se pueda desarrollar y por eso necesitamos carreras en lo naval, en tecnología, en lo sanitario que se iban a brindar en la universidad".

Pero hay más. Esto también podría impactar de lleno en otras casas de estudio que hoy todavía no lograron la media sanción del Senado de la Nación como son la de la Cuenca del Salado y la de Saladillo. "La educación no es un gasto, es una inversión en futuro y es lo que en definitiva le da libertad y posibilidades a los jóvenes. Una universidad en Saladillo es garantía de igualdad y oportunidades de acceso, en un contexto de crisis profunda", le dijo a El Editor la diputada bonaerense, Alejandra Lorden.

Y añadió que "es la herramienta igualadora por excelencia y en Argentina habíamos decidido que la educación sea una obligación indelegable de nuestro Estado y como radical, aclaro, hay una defensa irrestricta de la educación pública y de calidad".

Desde Pilar, el jefe comunal, Federico Achával, fue categórico durante la apertura de sesiones locales. "Creen (por el gobierno de Javier Milei) que con una resolución de espalda a la gente y de un día para el otro van a frenar un sueño colectivo. Bueno, no conocen al pueblo de Pilar. El pueblo de Pilar lucha, se levanta y pelea por sus sueños hasta que los transformar en realidad", aseveró. Y añadió: "La Universidad Nacional de Pilar es ley y el pueblo de Pilar la va a defender".

Problemas internos

Lo anunciado por el gobierno nacional también provocó la reacción de los mismos libertarios. En Pilar, dos de los tres concejales con los que contaba La Libertad Avanza tomaron la decisión de dar un paso al costado y armar sus propios bloques en desacuerdo con el freno al desarrollo de la casa de estudio local.

"Como pilarense siento el compromiso de defender el desarrollo y progreso de mi ciudad, y el logro de tener una universidad es muy importante", aseguró el edil Juan Manuel Quintana; mientras que Guadalupe Ioselli dijo que su salida del bloque está relacionada con "la defensa indeclinable de un proyecto educativo que significa mucho para Pilar. La decisión del Gobierno nacional es un ataque directo a los intereses y el sentir de los pilarenses y por tanto no puede ser ignorado".