Con la llegada de Javier Milei al gobierno nacional, todo indica que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación quedará en el recuerdo: es que no es parte del esquema anunciado, en principio, por el presidente electo.

La incertidumbre es más profunda porque las áreas de ciencia y tecnología no están incluidas aún en ningún organigrama de la reforma del Estado. En la órbita de Capital Humano quedarán -según se anticipó- los Ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo Social.

¿El área de ciencia será una secretaría, una subsecretaría? Lo cierto, es que, por el momento, solo se menciona al investigador experto en clonación Daniel Salamone, quien quedaría al frente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

En el caso de que la cartera se vea obligada a desarmarse el impacto será económico, pero también simbólico. "El cierre del Ministerio de Ciencia en términos de ahorro es insignificante, es mucho más fuerte el mensaje político y filosófico" afirma el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Guillermo Durán.

La cartera científica creada el 10 de diciembre de 2007 por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tiene como objetivos financiar la investigación y proveer infraestructura a los organismos de todo el país. También promueve el vínculo entre los sistemas académicos y productivos. Otra de las finalidades es divulgar la producción de conocimiento y sus aplicaciones para el beneficio de la sociedad. Sin el sostén político, estas acciones quedarán sin efecto en el corto plazo.

Entre 2019 y 2023 el presupuesto nacional en esas áreas se incrementó: pasó de 0,23 % a 0,34 % del producto bruto interno (PBI). El aumento se dio en el marco de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia. Además del Ministerio, la función Ciencia y Técnica incluye en la base presupuestaria al CONICET y a los organismos científicos tecnológicos de otras carteras.

Un lugar para la ciencia

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, e Innovación tiene la responsabilidad de diseñar e implementar las políticas y los programas nacionales para el correcto funcionamiento de las leyes que van en ese sentido. Además, es el soporte fundamental de la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D). "La legislación existe, pero puede incumplirse. Ya ocurrió en otros momentos de la historia argentina" advierte el doctor en física Jorge Aliaga. "Hay muchos proyectos que sin financiamiento estatal no podrán completarse, como por ejemplo el reactor modular CAREM que está desarrollando la Comisión Nacional deEnergía Atómica (CNEA) y es pionero a nivel mundial" detalla el secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham.

"En los países que se ponen como modelos de desarrollo científico y tecnológico, como Israel o Corea del Sur, el Estado invierte en investigación básica y luego se suma el sector privado. No existe ningún país sin participación estatal en estas áreas", agrega Aliaga que acaba de ser elegido -entre tres candidatos propuestos por el Consejo de Universidades- en representación de las casas de altos estudios.

No está mal recordar que en Argentina el CONICET se encarga de la formación de científicos y científicas, a quienes el Estado les otorga becas de dedicación exclusiva para que luego se desempeñen en el sector público o privado.

Hoy el organismo está bajo la conducción de Ana Franchi, pero además, cuenta con un directorio de ocho miembros: cuatro son representantes votados por las grandes áreas de investigación y los otros cuatro corresponden al agro, la industria, las provincias y las universidades. "La mayoría de los investigadores trabaja dentro del sistema universitario por eso la relación con el CONICET debe ser virtuosa" asegura Aliaga.

Universidades en alerta

Cuando se conoció el resultado de las elecciones presidenciales, las autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA se manifestaron en defensa de la educación universitaria pública, gratuita y de calidad. "Lo que alertamos en la campaña es que teníamos mucho temor a que fueran votadas de manera mayoritaria propuestas que ya habían enunciado su poco interés por sostener con recursos la universidad y la educación pública, la ciencia y la tecnología", recuerda el decano Guillermo Durán. Y coincide con Aliaga: "Aunque existan leyes, soy escéptico en que se cumplan. Hay un claro mensaje de desinterés al ni siquiera otorgarle un lugar al área científica. Se habla de investigar solo aquello que sea rentable cuando se sabe que la investigación científica para obtener resultados lleva años" señala.

Otra de las cuestiones a resolver por la futura administración es qué pasará con los investigadores e investigadoras que tienen aprobado su ingreso al CONICET. "Todos los días recibimos consultas de jóvenes. Hay mucha incertidumbre", afirma Durán. Sin embargo, descree que se puedan arancelar los estudios universitarios: "Es anticonstitucional. Aunque pueden quitarnos los fondos" admite.

Un futuro incierto se vislumbra para la ciencia y la tecnología argentina, que parecen haber quedado atrapadas una vez más en los vaivenes de los gobiernos de turno, lejos de consolidarse como una política de Estado.