El alza en el precio de los alimentos, la caída del salario y el salto en los índices de pobreza profundizaron en el AMBA el rol clave de comedores y merenderos para paliar la emergencia alimentaria. Más allá de las denuncias de los movimientos sociales sobre el recorte en la entrega de productos, la tragedia se cuenta en primera persona.

Sólo en enero, en la región metropolitana la canasta de pobreza para una persona adulta fue de 193.146 pesos. Para una familia tipo (dos adultos, dos niños) demandó unos 596.823 pesos, sin considerar costos de alquiler.

En este contexto, la demanda alimentaria encomedores barriales se incrementó: hay una mayor afluencia de comensales de todas las edades.

"Hay más mujeres y niños y luego siguen ancianos que viven al día", indican a El Editor en el comedor Pancita Llena, en La Boca. Allí, se trabaja en promedio con 82 raciones, sobre la calle Brandsen, enfrente de La Bombonera. Su referente es Marcela Morales.

La mayor presencia de mujeres es constante. "Son sostén de hogar, trabajan por horas por ejemplo, y entonces al ingreso que tienen, lo priorizan para pagar alquileres de piezas en hoteles familiares y conventillos", señalan las fuentes consultadas.

También son mujeres las que motorizan el funcionamiento de las cocinas y la logística de reparto: un entramado de cuidado silencioso que ni la pandemia pudo cortar.

En todos los casos preguntados, las partidas que bajan desde gobierno nacional, ciudad o fondos del PNDU, no alcanzan. Una ración estándar es un plato principal, pan y fruta, a un costo promedio de entre 1500 a 2000 pesos.

"En La Boca cerraron muchos comedores y merenderos y eso hace que los que quedan tengan una mayor demanda", explica Gladys Gómez, trabajadora de la economía popular y parte de un comedor fundado en 2002, del Frente Popular Darío Santillán.

"Hoy en muchos comedores se piden donaciones y se hacen acciones para recolectar alimentos y generar ingresos para comprar algo más para completar la olla", explica y agrega: "Para no tener que cerrar en muchos casos se opta por menos días de comedor (de 5 días ahora solo se hacen 3) pero todo depende de cada barrio y las demandas concretas".

La puja por las demoras en el envío de las partidas del gobierno nacional cayó directamente sobre los comedores que sólo cuentan con estos aportes, y son mayoritariamente gestionados por movimientos sociales.

A diferencia de los comedores de Cáritas, por ejemplo, que a los fondos de las donaciones anuales y colectas, se agregan partidas del PNDU. Este es el caso del Ceferino, con 300 raciones, en el corazón de El Emporio, en Quilmes. Enfrente, funciona otro comedor que ayuda en la contención de una gran demanda que abarca "a todos" sin distinciones de edades.

En Pancita Llena mencionan que si bien el financiamiento llega "no alcanza la cantidad porque siempre se suma más gente".

Una constante agudizada en los últimos meses porque "con los aumentos, la gente menos puede subsistir y acuden mucho más al comedor", acotan y detallan: "Tenemos un emprendimiento en la puerta del comedor. Vendemos bebidas y algo de comida al paso para poder pagar arreglos, luz, gas, artículos de limpieza y sobre todo comida por que siempre nos quedamos cortos".

¿Hay alternativas?

Para el diputado nacional, y exministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo "la situación alimentaria se ha agravado en la última década a nivel global, y la Argentina lamentablemente no es una excepción".

"En Argentina se estima que más de 10 millones de personas asisten a comedores comunitarios y merenderos. Y a los problemas globales, a nivel nacional deben sumarse los altos niveles inflacionarios de los últimos años y en especial,el encarecimiento aún mayor en el rubro de la alimentación", señala el exministro y agrega: "Esto hace que al propio Estado se le dificulte el acceso a la compra de alimentos a gran escala", define.

Arroyo resalta que esta "inseguridad alimentaria y nutricional tiene impactos múltiples, muchas veces irreversibles en la vida y en la salud de todas las personas, en especial durante el embarazo de las madres, y en los primeros días y en la etapa del desarrollo de las niñas y de los niños".

El diputado también advierte sobre los efectos de la crisis alimentaria. "Si comen mal aprenden menos y así tendrán menos oportunidades para su desarrollo cognitivo, de salir de los círculos de reproducción de la pobreza, y de conseguir trabajos con salarios dignos", menciona y recuerda: "cuando asumí como ministro de Desarrollo Social de la Nación en diciembre de 2019 puse en marcha la tarjeta ALIMENTAR, que las siguientes gestiones del ministerio, y el actual Gobierno, han decidido seguir implementando"

"La tarjeta Alimentar -indica- es hoy la principal política pública para garantizar el derecho a la alimentación que tiene nuestro país y está destinada a madres o padres con hijos e hijas de hasta 14 años de edad (inclusive) que reciben la AUH". También para embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la asignación por embarazo, personas con discapacidad que reciben la AUH. Madres con 7 hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas.

El recorte de partidas, la caída del valor nominal del peso repercuten directamente en un entramado de contención social paliativa con más de 20 años.

Para Arroyo, salir de esta espiral de exclusión supone soluciones como "garantizar el derecho a la soberanía alimentaria con la institución por ley de la Tarjeta Alimentar, aumentando su cobertura a niñas, niños y adolescentes en situación de indigencia y pobreza hasta los 18 años de edad".

Además, el diputado plantea "crear una Tarjeta para Comedores Comunitarios para contribuir al financiamiento, funcionamiento y fortalecimiento de los servicios de los comedores comunitarios".

En un contexto extremo, la crónica emergencia alimentaria de cada vez mayores sectores, demanda acciones urgentes.