En el centro del mural hay un ángel morocho. Un ángel que es un niño. Le dibujaron una media sonrisa, unas alas celestes y los brazos abiertos, como si estuviese a punto de subir al cielo. Alrededor de la figura se amontonan los nombres grafiteados de unos 70 chicos, que llenan el resto de la pared. Carlos, Funes, Cristian, Pachuli, Caro, Trapito, Lucio: todos caídos durante los últimos años en hechos de violencia, policial y social.

Foto: Silvana Colombo

El mural es un homenaje pero también un grito de denuncia. Frente a esa esquina del Barrio Illia, uno de los sectores urbanizados colindantes al Barrio Riccardelli (ex Villa 1-11-14), hay otro más, que recuerda a "Carancho", otro pibe muerto. Y otro más a 50 metros, con el rostro de "Melo" y un poema que le dedicaron sus familiares. Y a dos cuadras, casi sobre Avenida Cruz, una nueva pintura, sin nombre ni rostro, que muestra la figura de un joven con un pasamontañas y una metralleta en las manos, que dice: "Aquél día te quedaste en silencio". Casi no hay representación en las paredes del barrio que no sea en recuerdo de un amigo, un hijo, alguien que no está más porque lo mataron.

En la Escuela de Enseñanza Media N° 3, en la que estudian la mayoría de las y los adolescentes del barrio, intentan llevar un registro de los caídos en hechos de violencia de los últimos años. Son 36, contando estudiantes y sus familiares o amigos cercanos. El primer caso lo registraron a fines de los años 90. El último, en 2019.

Las cosas cambiaron y mucho en los más de 20 años que pasaron entre el primer caso y el último. "Al principio contábamos muertos por la violencia policial. El gatillo fácil, el asesinato de los pibes chorros, era la principal problemática relacionada con la violación de Derechos Humanos, la manifestación más concreta de la violencia que sufren los pibes. Pero en el último tiempo empezamos a notar que las muertes tenían más que ver con otro tipo de atropello, más general. Con algo más social, con un entramado de violencias relacionadas con el consumo y también, por supuesto, con las bandas narco", le dice a El Editor una activista con más de dos décadas de militancia social en el barrio e integrante de la Red del Bajo Flores.

Fotos: Silvana Colombo

El crimen de Nayla, una nena de 3 años que quedó en medio de una balacera en febrero de este año, "se explica por esos mismos motivos", dice la activista. El tiroteo duró varios minutos. Se recogieron 32 cartuchos. El puesto más cercano de Gendarmería está emplazado a media cuadra. La investigación judicial relacionó el hecho con un intento de usurpación de unas viviendas. Traducido: control del territorio, con la mirada displicente de las fuerzas de seguridad.

El hecho conmovió al barrio, pero la violencia no se detuvo ahí. Hace pocos días la situación tocó un punto límite, luego de que asesinaran a otro joven en los pasillos de la villa y de que se corriera el rumor de que el Gobierno nacional retiraría a la fuerza de seguridad. Las alarmas empezaron a encenderse cuando se levantaron varias de las garitas y puestos de vigilancia de Gendarmería. El ministro del área, Aníbal Fernández, intentó calmar los ánimos y alegó que sólo se trataba de un "reacomodamiento" de los agentes dentro del barrio, pero las vecinas y vecinos no se quedaron de brazos cruzados, se organizaron y realizaron un corte sobre Avenida Cruz para mostrar su descontento. El caso del asesinato Lourdes Avendaño en Soldati, un barrio de fuerte vínculo social y familiar con la Ricciardelli fue otro de los detonantes. El reclamo en ambos barrios es el mismo: "seguridad".

Fotos: Silvana Colombo

Según información del Ministerio de Seguridad porteño, en la Comuna 7, que abarca a los barrios de Flores y Parque Chacabuco, hubo 103 homicidios dolosos entre 2016 y 2022. De acuerdo a los datos del "Mapa del Delito" de la Ciudad, el 40 por ciento de los homicidios durante 2021 (último dato disponible) se concentró en los barrios populares. Y el 70 por ciento "estuvo ligado al narcotráfico o a la venganza entre bandas".

"Nosotros registramos que la situación en el barrio se empezó a ir de las manos durante la pandemia. No sólo aparecieron nuevas bandas, lo que hizo que la disputa territorial se agravara, sino que se impuso el negocio como una salida hasta laboral para muchos pibes, que es lo que más nos preocupa. Digamos que se asentó. Hay muchas armas circulando, mucho miedo. Se habla todo el tiempo de Rosario, pero acá el problema está en carne viva", describe la activista a este medio.

Por el mismo pasillo donde viven los familiares de Nayla se ubica también la vivienda de los familiares de Ariel Villa, un pibe acribillado en 2014 al que apodaban Yuyo; su mamá, Miriam, también fue asesinada, dos años más tarde. Sobre la calle, donde hoy hay un altar lleno de flores, juguetes y fotos en recuerdo de la nena, corretean los nietos de Miriam y de tantos otros. La sensación de las y los vecinos es que las balas podrían haber matado a más de uno.

Las balaceras son algo común. "Lo que sentimos es que la violencia se está naturalizando. Se instaló como método legítimo de resolución de cualquier conflicto. El problema del narco es clave en eso porque le dio un status social a la violencia, son los que triunfan en el barrio, los que tienen el poder", advierten desde la Red del Bajo Flores.

"A ese combo -agregan- se le suma el rol de Gendarmería y de la Policía de la Ciudad. Hay una subvigilancia con el delito organizado y a la vez una hipervigilancia sobre la gente. Miran para otro lado con el narco y a la vez hay un maltrato a los pibes. No por nada al despliegue de Gendarmería le llaman cinturón: está orientado a la seguridad de quienes están fuera del barrio, no de quienes viven en él".

Vivir con miedo

En una reunión de vecinas y vecinos de la que participó El Editor, los testimonios -muchos vertidos con miedo- en ese sentido son abundantes:

-Hay zonas del barrio por las que uno ya sabe que no puede caminar más.

-El otro día me robaron el teléfono llegando a mi casa, acá adentro. Los gendarmes no estaban donde tenían que estar.

-A la madrugada, cuando salimos a trabajar, nos organizamos para ir todos juntos hasta la parada del 23.

-Ya casi nadie cruza por el puente de Avenida Cruz. Tenés que elegir entre ir por arriba regalado o mandarte a cruzar entre los autos por el medio de la calle.

-Ya casi no recurrimos a la justicia.

-Los pibes son carne de cañón. Los interceptan cuando van a la escuela. Ya ni los dejo ir solos.

-Hay gente que a cierta hora ya no sale de la casa porque se teme que alguna banda narco te tome la casa.

-Me da miedo por mis hijas. Hay mucho secuestro de pibas que aparecen drogadas al otro día en una cama a la que no sabe cómo llegó. Controlan a los pibes, a las pibas, son los dueños de todo.

Foto: Silvana Colombo

Para las organizaciones, el narco "era un gran otro" del que no se hablaba tanto, porque, dice la activista de la Red del barrio, "se trataba de un fenómeno circunscripto. Ahora es generalizado".

En ese marco, la seguridad se transformó en un reclamo principal relacionado con la calidad de vida. La Red de Flores tiene una propuesta, que bautizaron "corredores seguros", y consiste en garantizar el tránsito cuidado dentro y fuera del barrio. Pero va mucho más allá: plantea iluminación, espacios verdes, limpieza de basurales. Mejorar el entorno para garantizar seguridad.

En octubre del año pasado, instituciones como las escuelas N°12, y N°3, junto a los Centros de Saluda y Atención Comunitaria (Cesac) 20, 48 y 19, además de organizaciones como La Dignidad, el FOL, La Poderosa y MTD Aníbal Verón, entre otras, le acercaron un petitorio al entonces ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'alessandro, con una serie de pedidos, que van desde "reacondicionar y recuperar los espacios públicos internos del barrio, sobre todo las plazas", "hasta "trazar calles transitables en los pasillos más anchos de acceso a sectores importantes del barrio". Nunca fueron siquiera recibidos.

También elevaron un protocolo de allanamientos para barrios populares, luego de una experiencia desagradable en 2018, cuando la entonces Gendarmería conducida por la exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, reventó por error un bachillerato popular mientras buscaba a un capo narco. Si bien fueron recibidos por autoridades nacionales, tampoco hubo un avance.

"Estamos en una situación alarmante. Entendemos las dificultades que tiene el tema, pero hay un Estado ausente, que no ayuda. No hay garantías para nadie", sentenciaron desde las organizaciones.