Los pobladores de varias localidades del valle cordobés de Traslasierra se movilizaron para impedir que continúe el accionar incontrolable de las topadoras en medio del monte. Su temor no es injustificado: según datos oficiales de la Policía Ambiental provincial, el desmonte ilegal creció en Córdoba un 21% en 2021 y afectó a 5.820,2 hectáreas de bosque nativo. Los medios locales evalúan que la pérdida diaria de monte es una superficie equivalente a más de 20 canchas de fútbol como las del estadio Mario Kempes.

El conflicto tiene en estos momentos una temperatura muy alta, porque los integrantes del equipo que conduce el trabajo de las máquinas golpearon e insultaron a miembros de organizaciones ambientalistas que intentaban impedir el derrumbe de arboles muy añosos.

Estos hechos motivaron que el Concejo Deliberante de San Javier y de Yacanto elevara al ejecutivo comunal un pedido de informes. La medida fue impulsada por Marcelo Bassani, legislador de Nuevo Encuentro en el Frente de Todos, y le exige al intendente schiaretista Martín García "la presentación del contrato o firma de convenio, permiso para trabajar entregado por Vialidad, estudio de impacto ambiental, tiempo estimado de realización, costos y etapas, si es que las hay".

Señales de alarma

Ya en julio pasado aparecieron las primeras señales de alarma: las topadoras empezaron a trabajar sin comunicación oficial, con un hermetismo más que sospechoso. Los vecinos de Villa Las Rosas le pidieron explicaciones al intendente comunal, el también schiaretista Enrique Rébora, quien les aseguró que se trataba del ensanchamiento del camino de Achiras Arriba que une San Javier con Villa de las Rosas pasando por Rodeo de Piedra, una obra esperada por muchos habitantes de la zona.

Sin embargo, la observación atenta de los pobladores enseguida constató que el desmonte era muy superior a los 12 metros que Rébora había comentado. En diálogo con El Editor, un vecino que prefirió el anonimato porque "acá la cosa está muy pesada" dijo que "el supuesto mejoramiento de caminos supera en algunos lugares los veinticinco metros, pero además tiran arboles muy antiguos, que va a costar muchos años recuperar. Si había que mejorar el camino, eso se podía hacer con un criterio menos depredador", observa.

También Bassani objeta la opacidad del proyecto. "La directora de Ambiente de la comuna se comunicó conmigo para informarme que la obra es de Vialidad Provincial y que se estaba ensanchando la traza del camino a doce metros, cuando en aquel momento el desmonte ya era mayor a ese número", destaca. "Luego se habló de que lo que se iba a abrir eran catorce metros, luego dieciséis y, por último, dieciséis más banquinas".

Con los abuelos, no

Entre las reuniones, los pedidos de informes y los debates, las máquinas llevan ya tres meses trabajando en el monte. Ante esa constatación, varios ambientalistas conformaron días atrás la organización Guardianes del Monte, que explica en un comunicado los hechos de violencia que se vivieron la semana pasada.

El 29 de agosto, dice el comunicado, "hicimos nuestra primer intervención organizada, convocando para la acción a diez voluntarios a las 7. 30 am, en frente a la escuela de Rodeo de Piedra, donde mantuvimos el dialogo por más de dos horas con vecinos del lugar, (...) y con el personal de Vialidad donde se llegó a un acuerdo verbal: si no tocan arboles abuelos, nosotros no intervendremos".

Sin embargo, esa misma tarde, "cuando comienza la actividad de la maquina, los hermanos expuestos son agredidos verbalmente por uno de los operarios, (...) Un operario ataca físicamente y de improviso a una hermana que está registrando la acción, arrebatándole el teléfono con que está filmando, el agresor se da cuenta que su accionar está siendo filmado desde otro ángulo y comienza la agresión y persecución del hermano que está en esta acción, que termina también en agresión física". Todos estos episodios fueron denunciados en la policía local y quedaron registrados en video.

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Una provincia en lucha

El marco de estos hechos es una provincia sacudida por el enfrentamiento entre ambientalistas y defensores del negocio inmobiliario y ganadero. Para tener una idea del nivel de esta polémica, es significativo que la legislatura de Córdoba sancionó una declaración contra la Ley Nacional de Humedales, porque, dicen "perjudica el desarrollo productivo de las provincias". Los incendios forestales y las inundaciones que se producen como consecuencia de ellos van cambiando drásticamente el paisaje cordobés, al igual que un turismo descontrolado del que viven muchos habitantes locales, pero que tiene su razón de ser, precisamente, en ese paisaje amenazado.

En 2014, esa misma legislatura provincial había sancionado la ley 10.208 (Ley de Protección ambiental), que establece procedimientos y marcos normativos para el desmonte que en la ocasión no se cumplieron. Precisamente, evocando el contenido de esa ley, otros grupos ambientalistas (entre los que no se encuentra Guardianes del Monte), conformaron la "Asamblea la 10208 no se toca" que también emitió un comunicado en el que expresan sus temores: "Nos queda menos del 2% de los bosques nativos en toda la provincia de Córdoba. (...) Hemos visto en otros territorios cómo el avance desmedido y sin planificación de las obras, en realidad ha perjudicado la vida de los habitantes del lugar además de deteriorar el ecosistema".

En la semana que comienza, los ejecutivos comunales deberán presentar la información -hasta el momento confusa y contradictoria- sobre los objetivos y plazos del ensanchamiento del camino. Más allá de cómo vaya a funcionar la democratización de la información, hay un hecho que da la razón a los ambientalistas: ningún desmonte se hizo por ley. El ocultamiento, la quema furtiva y la construcción de terraplenes ilegales fueron, hasta el momento, las herramientas más utilizadas por ganaderos y desarrolladores inmobiliarios.